1. El sida en Estados Unidos.

Se ha publicado en el New England Journal of Medicine (362;967-970, 2010) un interesante artículo en el que se hace referencia a como la epidemia del sida en Estados Unidos permanece viva.

Generalmente cuando nos referimos a la pandemia del sida se hace especial hincapié a lo que ocurre en el África subsahariana, en donde viven aproximadamente lo dos tercios de las personas afectadas por este virus.

Por el contrario la prevalencia de la infección por HIV en Estados Unidos no ha merecido tanta atención, aunque algunos grupos sociales de este país rivalizan con la población del África subsahariana en cuanto a prevalencia de la infección por HIV se refiere.

Por ejemplo, más de 1 por cada 30 individuos de Washington DC están infectados por el HIV, siendo esta una prevalencia mayor a la existente en Etiopía, Nigeria o Ruanda. Pero además, conviene subrayar que algunas subpoblaciones de este país norteamericano están especialmente afectadas. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, 1 de cada 40 negros están infectados, así como 1 de cada l0 hombres homosexuales y 1 de cada 8 de los que se administra drogas por vía endovenosa. Igualmente en Washington DC lo están 1 de cada 10 hombres negros. En algunas zonas urbanas de Estados Unidos la prevalencia de la infección por HIV entre hombres homosexuales es tan alta como el 30%, lo cual llama la atención si se compara con la prevalencia en Kenia (7,8%) o en Sudáfrica (16,9%).

A pesar de que la transmisión maternofetal ha disminuido drásticamente en ese país, lo cual hace que globalmente la prevalencia de personas infectadas por el HIV haya también disminuido, de 130.000 en 1984 a 60.000 en 1991, más de medio millón de norteamericanos han sido infectados por el HIV en la pasada década, siendo esta cifra especialmente significativa en el último año en el que se han contagiado 56.000 personas.

En conjunto se puede estimar que hay ahora más de 1 millón de personas infectadas por el HIV, de las cuales, y es esto es especialmente grave, más de un 20 % desconocen que lo están.

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2. ¿Por qué no se debería tolerar el suicidio?

Hace unos días el director de la Fiscalía Pública del Reino Unido, Keir Starmer, emitió directrices para el enjuiciamiento de casos de muertes compasivas. En respuesta a una norma de la Cámara de los Lores por la que la Fiscalía debe orientar sobre los factores que intervienen en la decisión de procesar a alguien por ayudar a una persona a morir, Starmer dijo: "La corriente está ahora más centrada en la motivación del sospechoso que en las características de la víctima".

Estas polémicas directrices no son sólo aplicables a los pocos que viajan a la clínica suiza Dignitas para suicidarse. A pesar de las apariencias, esta discusión no se centra realmente en ellos.

De los 134 británicos que  han hecho ese viaje desde 2002, ninguno de los familiares acompañantes ha sido procesado. Sin embargo, tales directrices tienen un impacto legal, a pesar de las protestas de Starmer en sentido contrario. En lugar de confiar en el Parlamento y en el debate democrático, las directrices no son muy claras para los fiscales y han suscitado un gran debate. Y son peligrosas, no sólo porque minan el terreno de jueces y jurados en casos específicos, sino porque cambian nuestra perspectiva sobre el suicidio.

La idea de Starmer de que la atención debería centrarse en la motivación de los acusadores, en lugar de en la situación de la víctima, tiene profundas implicaciones. Como dijo Saimo Chahal, abogado defensor en la campaña por el suicidio asistido de Debbie Purdy, "es significativo que el requisito de que la víctima tenga una enfermedad terminal, una discapacidad física incurable o una condición degenerativa como factor de peso contra el procesamiento se haya eliminado... La ausencia de este requisito es claramente compatible con el derecho de toda persona a poner fin a su vida, esté enferma o no".

 Chahal va demasiado lejos, pero las directrices de Starmer indican cómo el suicidio está siendo progresivamente legitimado. No se trata de la "pendiente resbaladiza" insinuada por Gordon Brown y otros, preocupados de que a las personas vulnerables se les anime a dejar de ser una carga y opten por el suicidio asistido. Por el contrario, aprobar el suicidio de alguien porque su vida no vale nada es aprobar todos los suicidios, "el derecho de toda persona a poner fin a su vida", como Chahal apunta.

Las directrices equiparan el acto de ayudar a un suicidio con el de prevenirlo, con tal de que la  motivación sea pura. La motivación para la despenalización del suicidio en Inglaterra y Gales en 1961, como precisaron los autores de aquella ley, no era tolerar el suicidio, sino el deseo de ser comprensivos con los suicidas y sus familiares. La posible condena de 14 años de cárcel para el suicidio fue instituida originalmente como señal de desaprobación del acto; hasta la fecha no se ha aplicado en ningún caso.

Es la desaprobación del suicidio -y, más importante, la asunción concurrente de que la vida humana es valiosa- la que ahora está amenazada. Cuando vemos a un hombre encaramado sobre el puente, nuestra actitud  hacia el suicidio no es neutral. La mayoría asume que su vida vale la pena y confiesa que trataría de que bajara y desistiera. Y empalizamos con la historia de alguien devastado por una discapacidad terrible. ¿Acabaremos equiparando la decisión de una niña profundamente discapacitada de luchar contra sus circunstancias y la de asistir a su suicidio, como si los dos actos fueran igualmente aceptables?

Por encima de todo, hay que resistirse a ver el suicidio como una opción de estilo de vida que la sociedad está obligada a facilitar. El suicidio para todos es un acto profundamente antisocial. El tabú contra él no se basa en anticuadas creencias religiosas, sino en el reconocimiento de la destrucción de posibilidades, no sólo para los suicidas sino también para los demás (Kevin Yuill. Spiked.com. 2-III-2010. Traducido por DM, 15-III-2010).

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3. Primer año de la ley de la eutanasia en el estado de Washington.

En los primeros nueve meses de la ley Morir con Dignidad del Estado de Washington, 63 pacientes terminales recibieron medicación letal para poner fin a sus vidas. De ellos, 36 murieron directamente; hubo complicaciones con las sustancias en tres personas. Son los datos difundidos por el Departamento de Salud del Estado, que permite a los médicos recetar drogas letales a pacientes con una expectativa vital de seis meses o menos. Aprobada por los votantes en 2008, la ley de suicidio asistido entró en vigor hace un año.

El informe, que analiza los datos de 2009, señala que 53 médicos prescribieron 63 recetas. El 48 por ciento de los pacientes habían estado bajo el cuidado de su médico menos de seis meses. Un total de 47 personas que se acogieron a la ley habían muerto, algunos de su enfermedad subyacente. De ellos, casi el 8o por ciento tenían cáncer, el 90 por ciento algún tipo de seguro y más del 6o por ciento educación universitaria.

"Muchas personas no toman la medicación prescrita, lo que indica que la gente no tiene prisa", dice Robb Miller, director de Compassion and Cholees, un grupo que apoya esta ley. "Esto muestra que un número significativo de personas usan la ley para tranquilizar su conciencia y mantener el control, una especie de seguro. Pero la gente no quema su casa sólo por tener un seguro contra incendios".

De los pacientes que fallecieron, a todos les preocupaba la pérdida de autonomía, según el informe. La mayoría se inquietaban por la pérdida de la dignidad y la capacidad de hacer cosas agradables. Diez de ellos no querían ser una carga para sus seres queridos.

Sólo tres pacientes requirieron evaluación psiquiátrica o psicológica, que no contempla la ley.  Este bajo número le preocupa a Eileen Geller, presidente de True Compassion Advocates, grupo opuesto a la aprobación de la ley. "En realidad, la mayoría de las personas que sufren una enfermedad grave o crónica tienen en algún momento depresión clínica no tratada. Tales peticiones son gritos de ayuda, como cualquier petición previa a un suicidio. Cuando alguien dice ¿qué va a pasar conmigo, con mis finanzas, con mi familia?, ¿en realidad quieres tratarle de otra manera y decirle Bueno, aquí hay algunas drogas letales?".

Cuando se analizaron las complicaciones, el informe encontró que un paciente había vomitado las drogas y dos despertaron después de tomarlas, pero la mayoría quedó inconsciente en los diez minutos siguientes y murieron en los 90 minutos tras la ingestión.
Según Miller, una de las tendencias más desagradables ha sido que muchos pacientes esperan demasiado tiempo para solicitar los medicamentos. El proceso requiere una solicitud escrita y dos orales, y esperar 15 días entre las solicitudes orales. Y dos médicos deben firmar la petición. Este proceso tarda por lo menos un mes, y muchos pacientes no tienen tanto tiempo. "Esperan hasta el último minuto y para muchos es una demora muy amarga".

En algunas zonas del Estado encontrar un médico dispuesto a prescribir drogas letales ha sido difícil. Miller recuerda que un paciente tuvo que viajar de Spokane a Seattle para encontrarlo.

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4. No está claro que con la ley de Reforma Sanitaria de Obama se haya conseguido  que  no  se  dediquen   fondos   federales  para  financiar abortos.

El domingo 21 de marzo de 2010, la Cámara de Representantes sancionó "el proyecto del Senado" de la reforma sanitaria del presidente Obama, el llamado "Obama Care". El gobierno consiguió el voto de 219 demócratas; votaron en contra los 178 republicanos y también 34 demócratas.

El resultado se debió a la claudicación del principal opositor demócrata a la financiación del aborto voluntario (a petición), Bart Stupak, que bajó los brazos tal como lo hiciera en su momento (24-12-09) el senador demócrata EarI Benjamín "Ben" Nelson, que encabezó la oposición a esa financiación en el Senado.

No obstante, para conseguir los votos necesarios en la Cámara de Representantes, Obama prometió una orden ejecutiva -un decreto- prohibiendo la financiación del aborto con fondos federales. Obama promulgó la ley el 22 de marzo y el 23 firmó la orden ejecutiva. La urgencia por sancionar el texto legal hizo que algunos de sus apartados tuvieran que ser valorados otra vez por el Senado. Al fin, el 30 de marzo, se promulgó la segunda parte de la ley, sin que este paso alterase la cuestión de los fondos para el aborto. Es de notar que  entre las enmiendas a la ley que la mayoría demócrata del Senado rechazó, se encontraba la que prohibía la distribución de la píldora RU-486 (mifepristona), la píldora abortiva que mata al embrión cuando éste está implantado en el útero de la mujer.

El 23 de marzo, antes de que Obama firmase la orden ejecutiva, el Cardenal Francis George, arzobispo de Chicago y presidente de la Conferencia Episcopal, hacía pública otra declaración del comité ejecutivo de la Conferencia en la que, si bien reconocen que la nueva ley extiende los beneficios de salud a una parte de la población desprotegida, también afirman; "como obispos católicos nos hemos opuesto a su aprobación porque hay pruebas convincentes de que aumentaría el papel del gobierno federal en la financiación y facilitación del aborto y de los planes que incluyen el aborto. La ley destina cientos de millones de dólares de financiación a la salud sin prohibir explícitamente el uso de esos fondos para el aborto, y proporciona subsidios federales a planes que incluyen abortos voluntarios (a petición), (...) el mismo hecho de que sea necesaria una Orden Ejecutiva para clarificar la legislación, señala las deficiencias de la ley. No entendemos como una Orden Ejecutiva, no importa la buena intención con que se haya firmado, puede sustituir el mandato de la ley. La ley también es gravemente deficiente porque no otorga protección a la objeción de conciencia (tanto en lo referente al aborto como más allá de este contexto)".

El 26 de marzo, se dio a conocer el dictamen del comité jurídico de la Conferencia Episcopal que confirmaba las sospechas de algunos asesores de la misma Conferencia y de dirigentes de organizaciones pro-vida. La orden ejecutiva firmada por Obama no evitará la financiación del aborto a petición con fondos federales, ya que no pone límites a la utilización de dinero que recibirán de los Community Health Centres (centros comunitarios de salud), que podrá ser usado para financiar abortos.

A su vez, la columnista del Washington Post, Kathleen Parker, escribía el 28 de marzo que las disposiciones sobre el aborto de la nueva ley no pueden corregirse con una orden ejecutiva, sino con otra ley del Congreso. Además, dice Parker, tanto la ley como el decreto de Obama, han sido redactados en modo "intencionalmente complicado": por un lado las omisiones, "el problema no es lo que dicen sino lo que no dicen"; y por otro, tienen partes redactadas en lenguaje "pantanoso".
        
Para Parker las nuevas disposiciones legales sobre el sistema de salud dan un rodeo para saltarse la enmienda Hyde (1976-1977), que prohíbe la financiación del aborto con fondos federales. El dinero para los abortos llegará a los Centros comunitarios de salud, ya que su presupuesto fue dejado intencionalmente fuera de! alcance de la orden ejecutiva de Obama. "Este administración siempre tuvo voluntad de financiar el aborto, y ahora tiene el camino para hacerlo", concluye Parker.

Planned Parenthood (PP, Paternidad Planificada), filial en USA de la IPPF, la industria internacional del aborto y la perversión de menores, festejó la sanción de la ley como una "gran victoria para la salud de la mujer”.

Cecile Richards, presidente de la organización, calificó de "gesto simbólico" la orden ejecutiva de Obama, y agregó que PP "aplaude la disposición de la ley de ampliar la cobertura en planificación familiar de Medicaid, lo que aumenta considerablemente el acceso a cuidados de salud preventiva para millones de mujeres". (Nota: "cuidados de salud preventiva para las mujeres", es un eufemismo usado para no usar la palabra aborto).

"Como resultado de esta histórica ampliación de la cobertura sanitaria -dijo Richards-, los médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud que trabajan en los centros de salud de Planned Parenthood, podrán atender a mucha más gente". (Nota: los centros de PP se dedican exclusivamente al aborto quirúrgico; a distribuir elementos para aborto químicos; y a la provisión de anticonceptivos).(Nitocias Globales, 3-IV-2010). 

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5. La terrible eliminación de los niños con síndrome de Down.

Hace una semana se celebró el Día Mundial del Síndrome de Down: el 21 Marzo, por eso de la trisomía del cromosoma 21. Coincidió con el Día Mundial de la Poesía y con el equinoccio de primavera; felices conjunciones. Los estudios indican que nueve de cada diez mujeres con diagnóstico prenatal de Down deciden abortar. Es una especie en vías de extinción. Hay que erradicar los nacimientos defectuosos. No se puede condenar a unos padres a convivir con alguien imperfecto. Luego nos  escandalizamos en comentarios de cafetería por la desaparición de una tribu amazónica, de un idioma siberiano o de un insecto tropical. ¡Qué pérdidas tan lamentables para la biodiversidad! Se hacen calendarios solidarios para ayudar a los Down, se muestran con orgullo sus hazañas universitarias o laborales, pero en realidad se les está exterminando. Para muchos sus vidas son un sinsentido; pero unos pocos los reciben con lágrimas y los despiden desconsolados, tras haber disfrutado y aprendido a vivir con su compañía. Versos sueltos y extraños en un mundo que no entiende la poesía de la vida. (José Ramón Zárate. DM, 29-III-2010).                                                                     

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6. Al aborto y el honor de Dios.

Escribo el 4 de marzo de 2010, un día aciago para la historia de España. Hoy el Boletín Oficial del Estado publica la nueva ley del aborto. Un engendro normativo que deniega el derecho fundamental a la vida al no nacido. ¿Era necesaria esta ley? Desde luego lo era para que España pudiera seguir siendo un paraíso abortista.

La historia es sencilla: desde que el Tribunal Constitucional permitió la despenalización parcial del aborto (Sentencia de 11-IV-1985), el fraude de ley se convirtió en norma hasta el punto de que en España se potenció esta industria pasando a ser país receptor de "turismo abortista".                      

El cinismo jurídico del sistema alcanzó tal grado de inaplicación de las normas penales que sin rubor ni falta de medios se llegaba al extremo de permitir a adolescentes el aborto de criaturas de siete meses sin ningún control parental. El mal es antiguo: los gobiernos de Felipe González cuando había condena criminal indultaban al médico.

El PP sencillamente no hizo nada y dejó crecer el problema. Con el PP el aborto pasó de 51.002 anuales (1996) a 84.985 anuales (2004). Esto duró hasta que la actuación de los jueces de instrucción ordenó la investigación en Madrid de la clínica Isadora (1-III-2007) y la detención en Barcelona de Morín (26-III-2007).

Con la actuación judicial penal exigiendo en Madrid y Barcelona el puro y simple cumplimiento de la ley, la industria   se   quedó   sin   "seguridad  jurídica", desestabilizándose el mercado hasta el punto de que la patronal ACAI ("Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo") hizo "cierre patronal" en enero de 2008 y en rueda de prensa de 21 de enero de 2008 protestó porque les investigaba la Comunidad de Madrid y aumentaba la cuota de abortos clandestinos. Tenían motivos: en 2008 abortaron el 11,78 por mil de las mujeres españolas y se practicaron 115.812 abortos (cifras de Ministerio de Sanidad y Consumo).

El aborto considerado como actividad económica produce buena renta: a 300 euros el aborto estamos hablando de una "cifra de negocio" de 34.743.600 euros. Cantidad que, si se divide entre los 137 centros abortistas que había en 2008 en España, tocan a 2.536.032 anuales por "clínica". Era pues necesaria una ley de plazos que diera "seguridad jurídica" al "sector" para que las detenciones no se volvieran a repetir.

Los negocios buscaron amparo en la ideología y por tanto en los Partidos. La ideología de la muerte engendró la táctica política del engaño. En las elecciones de 2008 tanto Zapatero como Rajoy callaron sobre su programa en materia de aborto. Ganadas las elecciones, Zapatero se quitó la careta y para gestionar un sistema de plazos nombró a una especialista en diálogo de sordos, la joven Aído, a la que se le ha encomendado la tarea de igualar a los vivos con los muertos cumpliendo un estricto calendario pensado para que el debate y la nueva ley no influyesen en las elecciones, ni siquiera en las municipales.

Como todo el mundo sabe, el Pueblo tiene memoria de pez y de lo que se trataba era de concentrar el desgaste político en el periodo intermedio. Para no retrasarse ni un día, la chiquilla ha tensionado las instituciones hasta extremos indecibles. El Estado se ha puesto a prueba. En el proceso de aprobación de esta ley más de uno se ha dejado pelos en la gatera. Sobre el Gobierno está todo dicho. El Consejo Fiscal ha brillado por su fortaleza y es el único que ha tenido el coraje de defender los derechos fundamentales denunciando la inconstitucionalidad de los artículos 12 y 14.

El Consejo General del Poder Judicial se ha abstenido de cumplir la función que tiene  constitucionalmente encomendada, traicionándose a sí mismo y a su Comisión de Estudios. La Comisión Permanente del Consejo de Estado -y cómo me duele en el alma recoger esto- en su dictamen se limitó a hacer consideraciones sobre el texto del anteproyecto de ley. Las Cortes Generales no se acordaron (ni el Congreso de los Diputados ni el Senado) de la Constitución que aprobaron en su día: había que reinterpretarla porque está demostrado que no tienen coraje para cambiarla.

El Rey ha sido para mi la última y la más grande decepción de esta larga cadena de debilidades. El resultado es que no sólo no se ha atajado el antiguo fraude de ley, ni se ha legalizado, sino que se ha dado un paso más declarando el derecho a abortar como derecho fundamental, implementando así una nueva Constitución sin procedimiento ni referéndum, con notoria desviación de poder. La ley, dice el artículo 12, garantiza los derechos fundamentales de la mujer a abortar como forma de libre desarrollo de su personalidad, de su vida, de su integridad física y moral, de su intimidad y de su libertad ideológica. Soslaya deliberadamente que lo que la mujer lleva en el vientre es una persona y que por tanto esos derechos no existen porque los cedió al engendrar. Se concibe a otro y por tanto no se le puede matar.

Se legaliza así Auschwitz en democracia. Desde 1993 hasta 2008 en España faltan 1.152.245 personas, que hoy serían de entre 17 y 2 años de edad, que han sido asesinadas por su madre con la anuencia de los poderes públicos. Tanta sangre derramada necesitaba una coartada moral y la Ley Zapatero -la ley formal, no la ley natural- es lo único que pretende, enturbiando las palabras para esconder la vergüenza que produce enterrar estos cadáveres. Los sistemas totalitarios que no han respetado la vida se han caracterizado siempre por engendrar eufemismos terminológicos para difuminar todo concepto que esconda un valor moral objetivo y así poder justificar lo injustificable.

Algo que nunca funciona porque aunque la soberanía es del Pueblo y una parte del Pueblo quiere el aborto, los derechos fundamentales no son del Pueblo. Ni siquiera son del Tribunal Constitucional. Los derechos fundamentales existen por sí mismos allí donde hay personas. Y el cadáver del niño abortado clama por sus fueros. Eso es lo peor de esta ley: que para dar "seguridad jurídica" a los abortistas todos los demás hemos   visto   desvirtuados   nuestros   derechos fundamentales. Hasta 2010 el aborto era una actividad criminal despenalizada en diversos supuestos. Ahora se concibe como derecho fundamental de la madre y ausencia de derechos del hijo. Una crueldad constitucional.

Mi llanto fundamental por esta subversión jurídico-constitucional mediante ley orgánica va más allá de la técnica jurídica y se concentra en la ausencia total en el debate del argumento clave.
Hemos llegado a la cúspide del agnosticismo colectivo al diseñar derechos fundamentales sin reconocer su trascendencia. Los derechos sólo son fundamentales en un contexto de valores que los genera en la medida en que es superior a ellos.

Pero el soberano -el Pueblo- no se reconoce trascendido por nada superior y en su absolutismo se suicida al expulsar a Dios de la vida política, convirtiendo su presencia en mito para minorías que los agnósticos displicentemente consideran necesario tolerar. Se niega como si nada el quinto mandamiento convirtiéndose así cada uno, por negar colectivamente a Dios, en esclavo de los dictados de la mayoría.

Con la ley del aborto los derechos fundamentales han cambiado en su esencia, no sólo en su contenido. ¿Cómo defender el derecho a la vida si antes no se defiende el honor del autor de la vida, que es Dios? Si el hombre carece de autor ¿por qué no la ley del más fuerte? Si no hay creación ¿cómo hay derecho a la vida? Las respuestas a estas preguntas, hasta la ley del aborto, estaban en la trastienda de la Constitución. No afloraban, pero cimentaban. Ahora los derechos fundamentales ya no tienen más cimientos que el consenso partidista. O sea, ninguno. Así de importante es el honor de Dios (Iñigo Coello de Portugal.Expansión 9-III-2010).  

7. La contracepción de emergencia no reduce el  número  de embarazos no desados.
     
En una reciente revisión Cochrane (Polis CB, Grimes DA, Schaffer K, et al. Advanced provisión of emergency contraception for pregniancy prevention. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2007, Issue 2. Art. No: CD005497. DOI: 10.1002/14651858. CD005497 pub2. November 10. 2009) se evalúa si la contracepción de emergencia puede prevenir los embarazos consecuencia de una relación sexual no protegida.

En dicho estudio se han incluido 11 revisiones que cumplían los requisitos científicos establecidos por los revisores. En el estudio se incluyeron 7695 mujeres, procedentes de Estados Unidos, China, India y Suecia. Los autores comprueban que el suministro fácil de la contracepción de emergencia no disminuye el número de embarazos. Tampoco favorece el incremento de infecciones de enfermedades de transmisión sexual, ni condicionan cambios en los hábitos contraceptivos de las usuarias.

Sin embargo, los autores concluyen que facilitando el uso de la contracepción de emergencia no se reduce el índice de embarazos, cuando se compara con la dispensación habitual. Pero la conclusión  final, y a nuestro  juicio más importante, es que la contracepción de emergencia no reduce el número de embarazos en la población de mujeres evaluadas.

Es importante recordar la credibilidad de las revisiones Cochrane, sin duda las de mayor prestigio en el ámbito médico, para valorar en su justa medida la importancia de las conclusiones obtenidas en este trabajo.

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Breverías.

1. El hígado de las mujeres embarazadas se regenera mejor. Un equipo de la Universidad Hebrea de Jerusalem ha demostrado que los hígados de ratonas embarazadas se regeneran mejor que los hígados de las que no lo están.  Cuando se les extirpa dos tercios de su hígado las ratonas embarazadas regeneran el 96 % (Genes Dev. 24; 543-548, 2010).

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2. La presunción de que un enfermo incurable necesita recurrir a terminar con su vida para mantener su dignidad añade un insulto a una injuria. Muchos de nosotros necesitaremos depender de otros antes de morir. Esto no significa  que en ese momento seamos indignos. Esto simplemente confirma que somos humanos (Ira Byock. The Hastings Center Report marzo/abril 2010).

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3. El Papa Benedicto XVI manifestó el pasado 1 de abril, durante la homilía con motivo de la celebración de la Misa Crismal, que los cristianos no deben aceptar “leyes injustas” como el aborto, que calificó como “asesinato de niños inocentes aún no nacidos”. En esta ceremonia, en la que los presbíteros renuevan sus promesas sacerdotales, añadió que los cristianos “respetan el derecho y hacen lo que es justo y bueno”. Sin embargo, “rechazan lo que en los ordenamientos jurídicos vigentes no es derecho, sino injusticia”. “La lucha de los mártires consistía en su no concreto a la injusticia: rechazando la participación en el culto idolátrico”, agregó el Papa (Análisis Digital, 2-IV-2010).

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5. Este fin de semana (30-III-2010) se han reunido en Valencia las Mujeres por un Mundo Mejor. Hace cuatro años les permitió a De la Vega y a Leire Pajin vestirse de autóctonas en Maputo. Esta vez, la anfítriona ha sido De la Vega, en su salsa en un aquelarre feminista. Este año, les ha permitido hacerse la foto y vender “empoderamiento de la mujer” que, la verdad, en inglés suena mucho mejor: “empowerment”.

El caso es que la propuesta española consistía en promover el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres africanas "con un enfoque de género, generacional y étnico". Se lo traduzco: el Gobierno español está empeñado en exportar el aborto a aquellas culturas y poblaciones que -afortunadamente- lo rechazan. Todo el “sarao” consistía en eso. No en otra cosa.
        

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6.  La infección por el virus del sida podría corregirse con la terapia basada en células madre. Así lo ha expuesto un grupo de científicos en la reunión anual de la Sociedad Europea de Microbiología, que se ha celebrado en Edimburgo (Gran Bretaña).

Ben Berkout, de la Universidad de Amsterdam, ha presentado esta nueva estrategia que persigue mejorar la calidad de  vida de los pacientes con VIH en los que ya no resulta eficaz la terapia antiretroviral (DM, 5-IV-2010).